La nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo en Guatemala, publicada mediante el Decreto 15-2026, introduce cambios significativos que afectan a un amplio número de empresas y profesionales. El cumplimiento de esta normativa es clave para mantener la buena reputación, relaciones bancarias y competitividad en el mercado.
Es importante mencionar que este decreto, deroga las anteriores leyes que, de forma separada, regulaban estas materias.
Cambios clave:
- Ampliación significativa de los sujetos obligados, incluyendo nuevas actividades económicas y profesionales.
- Mayor énfasis en la gestión de riesgos y controles personalizados según el perfil de cada empresa y menos en la perspectiva de cumplimiento.
- Incorpora y regula componentes nuevos como: personas expuestas políticamente, activos virtuales, registro de personas obligadas, oficiales de cumplimiento, etc.
- Obligación de identificar y mantener actualizada la información de los beneficiarios finales.
- Fortalecimiento de los procesos de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y monitoreo de operaciones.
- Incremento en las facultades de supervisión y en las sanciones por incumplimiento y propone planes de acción y seguimiento.
- Fortalece las funciones a nivel interno nacional y la cooperación internacional.
Llamado a la acción
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Este contenido es informativo y no constituye asesoría individualizada ni sustituye la consulta y análisis de las leyes en cada caso particular.
